A partir de agosto de 2019, los cubanos podrán comprar routers y crear redes WiFi privadas. Un paso más hacia la generalización de Internet en la isla. Pero este acceso estará bajo el control del gobierno, que defiende su revolución en el frente digital.

Los cubanos ya no estarán obligados a ir a un lugar público para conectarse a Internet, a partir de unos días tendrán acceso Wifi desde casa. Una medida que tiende a fortalecer la presencia de internet en la isla de Cuba, pero también el control del gobierno.

"Los cubanos apoyan y defienden la revolución en todas las áreas, en el mundo real y, si es necesario, en la virtual", dice Ernesto Rodríguez Hernández, Viceministro de Comunicaciones. Según él, Internet y las redes sociales sirven para "posicionar la verdad de Cuba, no para manipular las cosas", lo que lo convierte en un nuevo campo de batalla político e ideológico, en un momento de fuerte tensión diplomática con Estados Unidos.

El sector de las telecomunicaciones es, sin duda, el que más se ha movido desde hace un año en Cuba, hasta entonces uno de los países menos conectados del mundo. En diciembre pasado, la llegada de Internet a los teléfonos móviles (3G) dio origen a una comunidad muy activa en las redes sociales.

A partir de ahora, los cubanos podrán tener enrutadores y crear redes WiFi privadas, conectadas a la señal de los puntos de acceso del operador estatal, Etecsa: no más la obligación de ir a un lugar público para conectarse, todos podrán navegar desde su casa, después de registrar legalmente su equipo.

"El objetivo del país es proporcionar más acceso a Internet a toda la población", dice Ernesto Rodríguez Hernández.

Pero las especificidades técnicas requeridas por la nueva legislación, especialmente en términos de frecuencia, parecen ser la sentencia de muerte para las redes informales de intercambio de datos creadas en los últimos años. Para Ernesto Rodríguez Hernández, este "reordenamiento en el uso del espectro radioeléctrico" es un "derecho soberano" del Estado cubano.

Se pagará un dólar por hora, una tasa exorbitante, mientras que el salario mensual promedio es de $ 50. El primer paquete 3G es de $7 por 600 megabytes.

En las redes sociales, cientos de cubanos han estado haciendo campaña durante semanas bajo el hashtag #Bajenlospreciosdeinternet ("Precios de Internet más bajos"). Desde la llegada de Wifi, en 2013, "el costo de acceso a Internet se ha reducido más de cuatro veces", defiende el viceministro, "y continuará disminuyendo dependiendo de las capacidades de la infraestructura de comunicación".

En este país de 11,2 millones de habitantes, se han instalado 1.400 puntos de acceso WiFi, 80.000 hogares tienen Internet en sus hogares, una opción por difícil que sea, y 2.5 millones de cubanos tienen acceso a 3G.

Pero el gobierno comunista parece avanzar con recelo. "Las tecnologías no son apolíticas cuando tratamos de presentarlas", sino que son "manipuladas, utilizadas", advierte Ernesto Rodríguez Hernández. Al defender la necesidad de "educar" a la población, asegura: "No tiene sentido proporcionar un servicio de Internet a aquellos que no saben (...) diferenciar entre lo que es útil y perjudicial, porque todo en Internet no es bueno".

El mensaje es claro: Internet debe ser un "instrumento para la defensa de la revolución", según estos textos que serán aplicados por el Ministerio de Comunicaciones, con la asistencia de "los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Interior". Lo que fortalece una situación existente en la isla, donde Internet siempre ha estado bajo la supervisión de las autoridades.

"Solo un pequeño porcentaje de la población tiene acceso a Internet, a diferencia de la intranet nacional controlada por el gobierno, los blogs y sitios críticos a menudo están bloqueados", dijo un reciente informe de Freedom House.

Cuando se le preguntó, el Viceministro respondió que este es un mecanismo normal para defender el país. "No compartimos sitios web que puedan incitar a la discriminación, aborden cuestiones que van en contra de la moral, la ética y el comportamiento responsable, es un derecho de todos los estados proteger a su gente y a su sociedad de prácticas de este tipo y creo que todos los países del mundo lo hacen".